Depósito de pintura y varios. San Francisco el Grande (?). Detalle de candelabros incautados. - Autor: Fototeca IPCE. Archivo Junta del Tesoro Artístico.
Depósito de pintura y varios. San Francisco el Grande (?). Detalle de candelabros incautados. - Autor: Fototeca IPCE. Archivo Junta del Tesoro Artístico.
El 18 de julio de 1936, un sector de las tropas militares se subleva con el objetivo de destituir al gobierno de la II República. Es el comienzo de la Guerra Civil española.
Cinco días más tarde, la Dirección General de Bellas Artes crea la primera Junta para la defensa del patrimonio, que posteriormente se definirá como Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico. Será la herramienta del Gobierno de la República para la salvaguarda de los bienes culturales ante la destrucción y el pillaje que se desató en el contexto del conflicto bélico.
La Junta Central coordinaba las Juntas Delegadas ubicadas en distintas localidades repartidas por todo el país, especialmente en Guadalajara, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Jaén. En concreto, la de Madrid tenía como sede el convento de las Descalzas Reales, y estableció ese y otros lugares como depósitos de almacenamiento temporal de las distintas obras incautadas. El Museo Arqueológico Nacional, el Museo del Prado o la basílica de San Francisco El Grande fueron algunos de ellos.
Los vocales y auxiliares de la Junta recorrían los lugares susceptibles de contener obras artísticas como conventos, iglesias o palacios decidiendo cuál era el patrimonio artístico y documental que salvaguardar y trasladar a los depósitos asignados. Estas incautaciones se realizaban de forma cuidadosa y documentando el origen de las piezas. No obstante, también se produjeron incautaciones realizadas sin control por sindicatos y milicias.
Ante los incesantes bombardeos en Madrid, en noviembre de 1936 se tomó la decisión de evacuar las obras de arte del Museo del Prado. Se organizó entonces su traslado de Madrid a Valencia y, posteriormente a Girona. Finalmente, abandonaron el país hacia Ginebra, donde fueron custodiadas hasta su regreso.
A este primer viaje siguieron otros. Una vez en Valencia, las piezas se dirigían a Barcelona o Cartagena, en función del avance del conflicto, con el fin de salvaguardar la riqueza patrimonial de museos, palacios o catedrales.
El 1 de abril de 1939 se proclamó el final de la Guerra Civil y comenzó la dictadura de Francisco Franco.
Por su parte, el bando sublevado creó, en enero de 1937, el Servicio de Recuperación Artística y, posteriormente, el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN), para recoger y proteger las obras de arte e informar sobre el estado de los monumentos que se encontraban en las zonas ocupadas por sus tropas. Su misión era reunir y almacenar en sitio seguro las obras localizadas para su posterior devolución a sus propietarios. También el SDPAN fue el encargado del retorno de los bienes custodiados en la Sociedad de Naciones de Ginebra en septiembre de 1939.
Tras la toma de Madrid en marzo de 1939, la Junta Delegada de Incautación entregó todos los bienes requisados al Servicio de Defensa. Además, este Servicio, tras registrar distintos espacios y domicilios particulares, obtuvo un gran número de piezas que fueron almacenadas en depósitos, donde se procedió a fotografiarlos y catalogarlos, a la espera de ser reclamados. Las visitas y recogidas de objetos incautados se extendieron hasta 1940.
Las primeras devoluciones de objetos comenzaron en mayo de 1939 (1). El inventario de las piezas era publicado en prensa con un plazo de reclamación, luego se publicaron fotografías de los objetos y, más tarde, se organizaron grandes exposiciones públicas, como las celebradas en el Palacio de Exposiciones del Retiro durante los años 1940 y 1941.
Para la identificación de los objetos religiosos se organizó una gran exposición en el Museo Arqueológico Nacional para que parroquias y congregaciones religiosas de todo el país reclamaran los bienes que les habían sido incautados durante la guerra.
El 11 de enero de 1940 (2) se publicó una Orden concediendo a los propietarios un plazo máximo de tres meses para la retirada de los objetos de los almacenes del Servicio, al término de los cuales, de no haberse hecho cargo de sus pertenencias, se entendería que renunciaban a su propiedad en beneficio del Estado. A partir de entonces comenzaron las entregas de objetos en depósito a distintos organismos públicos de toda España, así como a la Iglesia.
En 1963, se dio por terminada la labor de los Juzgados Gubernativos creados para atender las reclamaciones de los bienes expoliados. Mediante el Decreto 2527/1963(3), se declararon propiedad del Estado aquellos "bienes expoliados que, habiendo sido recuperados gubernativamente, no fueran reivindicados por sus legítimos propietarios en los plazos y con arreglo a las normas dictadas al efecto".
Todavía hoy algunos museos e instituciones custodian piezas identificadas con la etiqueta de incautación de la Junta cuya procedencia original se desconoce. Por eso, investigar el origen de sus colecciones es una de las tareas de investigación asumida por museos y archivos estatales que está en continuo desarrollo.
 |
||